La práctica de la tortura sexual, aunada al feminicidio, se ha convertido en “el delito de moda en México” en gran medida porque el Estado no garantiza medidas preventivas y porque penalizar más este delito no asegura una disminución en el número de casos, afirmó la doctora María Carmela Chávez Galindo, especialista en el tema y académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la UdeG.
En el marco del seminario “Tortura y feminicidio,” organizado por el Centro de Estudios de Género del CUCSH, Chávez Galindo dijo que cuando un hombre agrede a una mujer no se conforma sólo con abusar de ella sexualmente, sino que lo hace con lujo de violencia, porque sabe que hay impunidad.
“Ya no nada más es, la robaron, la violaron, sino que hoy es acabar con su vida. Eso es lo que más preocupa internacionalmente a estos comités de derechos humanos, que el delito de tortura sexual contra las mujeres es el delito de moda; antes era una violación, pero hoy, cuando caemos en feminicidio, es juntar violación con tortura, con violencia extrema y, a su vez, la pérdida de la vida de alguien”, subrayó.
La también miembro de la Asociación de Mujeres Juezas, SC, afirmó que, por lo general, un feminicidio causado por violación y tortura es antecedido por periodos de acoso hacia la víctima por parte de una persona cercana a ella. Si no hace caso al acosador, éste suele caer en violación psicológica, pues tiende a denigrarla y a tratar de humillarla para “mostrar su supremacía”.
Agregó que en esos casos, la mujer debe de acudir a la autoridad y ésta debe atender su queja para asegurar su integridad física y psicológica mediante una orden de protección a ella y de restricción para el acosador, de lo contrario está exponiendo a la víctima a tortura psicológica.
Chávez Galindo recordó que el feminicidio fue tipificado como delito en el Código Penal de Jalisco en 2012, donde se impone un castigo de hasta 45 años de prisión. Sin embargo, para la especialista, una mayor penalización no significa que habrá menos casos, sino por el contrario.
Citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que indican que de 2002 a 2015 se cometieron 28 mil 700 asesinatos violentos contra mujeres. Dichas estadísticas reflejan un aumento de 85 por ciento en estos delitos.
“El problema no es la gradualidad de la pena, sino las acciones preventivas. A veces no es que la pena máxima sea el ejemplo para poder inhibir el delito, debemos de construir acciones de igualdad, de perspectiva de género, de respeto a la dignidad humana, y eso lo tenemos que hacer desde los programas de la educación primaria, porque a partir de ahí empiezan las desigualdades sociales que se construyen con los niños”, resaltó.
A T E N T A M E N T E
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara, Jal., 9 de octubre de 2017
Texto: Mariana González
Fotografía: Gustavo Alfonzo